Modificación de las incumbencias profesionales.

La Resolución 1254/18 del Ministerio de Educación de la Nación publicada el 15 de mayo en el Boletín Oficial modificó las “actividades profesionales reservadas” exclusivamente para 37 carreras, entre ellas arquitectura e ingeniería.

Este enunciado redujo de 20 a 4 los trabajos de carácter exclusivo para los arquitectos. De acuerdo al Anexo XXII de la flamante resolución, ahora las actividades profesionales reservadas al título de arquitecto son:

1. Diseñar, calcular y proyectar estructuras, edificios, conjuntos de edificios y los espacios que ellos conforman, con su equipamiento e infraestructura, y otras obras destinadas al hábitat humano, en lo concerniente al ámbito de su competencia.

2. Dirigir y controlar su construcción, recuperación, renovación, rehabilitación, refuncionalización y demolición.

3. Certificar el funcionamiento y/o condición de uso o estado de lo mencionado anteriormente.

4. Proyectar, dirigir y evaluar lo referido a la higiene y seguridad en lo concerniente a su actividad profesional.

“De 20 actividades reservadas nos quedan 4, las otras no se sabe dónde están por lo que interpretamos que perdemos mucho con esta medida. El texto de la resolución no es claro”, explica Augusto Penedo, presidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), en referencia a la incertidumbre sobre una eventual afectación de las incumbencias. Y aclara que otras reformas de este tenor (por ejemplo, la resolución 498/06) tuvieron participación de los colegios profesionales, algo que no ocurrió en esta oportunidad.

El CPAU también emitió un comunicado rechazando la medida en los mismos términos y pidiendo una reunión con las autoridades nacionales. En su carta al ministerio, el Consejo expresa, entre otras falencias, la omisión de “actividades propias y exclusivas de la Arquitectura”. Tal es el caso de “la planificación urbana, las pericias y las tasaciones de obras de arquitectura, entre otras”.

La decisión generó fuertes cuestionamientos en el ámbito académico: el recorte de incumbencias supone que, para adquirirlas nuevamente y desempeñarse en el área, será necesario cursar posgrados específicos, que son arancelados, a diferencia de las carreras de grado, gratuitas.

Ante la polémica, desde el ámbito universitario aclaran que la resolución limita su alcance a la formación profesional y no al ejercicio. Y que se trata de una iniciativa avalada por el Consejo Interuniversitario Nacional, entidad que agrupa a todas las universidades del país (públicas y privadas). “No se ha trabajado sobre las incumbencias reguladas, las cuales están habilitadas por leyes nacionales y provinciales que no han sido alteradas”, detalla Rodolfo De Vicenzi, Presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Y explica que la medida apunta a que el Estado pueda tener intervención en la formación académica de los profesionales en aquellos aspectos que involucren el interés público y que la resolución denomina “actividades profesionales reservadas”.

FUENTE: Clarín ARQ

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